Diseño colaborativo de servicios públicos

La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento técnico-administrativo cuya finalidad es evaluar los posibles efectos significativos que puedan tener en el medio ambiente el desarrollo de proyectos, planes o programas en un determinado ámbito de actuación. Ese ámbito de actuación puede abarcar desde un Ayuntamiento o entidad local, hasta la totalidad del territorio español (por ejemplo, el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España).

Este procedimiento administrativo se desarrolla de de forma coordinada a distintos niveles: desde la Unión Europea (Directiva2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, entre otras), países miembros como es el caso de España (mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y, en nuestro caso, mediante el desarrollo de normativa autonómica en el marco de la Ley estatal. Dentro de la propia Ley 21/2013, se establecen los principios que informarán el procedimiento de evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

En este proceso administrativo, aparte de ciudadanos y entidades interesadas, actúan el órgano sustantivo (órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para autorizar un proyecto, o para controlar la actividad de los proyectos), órgano ambiental (órgano de la Administración pública que elabora, en su caso, el documento de alcance, que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y formula las declaraciones ambientales estratégicas, los informes ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental, y los informes de impacto ambiental) y promotores (cualquier persona física o jurídica, público o privada que pretende elaborar un plan o programa). Tener claro ante quién presentar documentación (alegaciones en las fases de información pública en el caso de personas interesadas por ejemplo), inicio de procedimientos así como su documentación asociada, informes preceptivos, etc. es de vital importancia para evitar demoras en un procedimiento tan complejo que tiene sus plazos de caducidad. 

Los actores que se presentan en este proyecto los agrupamos en dos grupos: 

1. Órganos administrativos, en donde se encontrarán los ya definidos órganos sustantivo, órgano ambiental y promotores. 
2. Personas físicas/jurídicas interesadas en el procedimiento y que quieran tomar parte en él (bien por resultar afectadas, o bien por ser personas interesadas). 

Este marco colaborativo pretende ser un foro y un espacio de información (y formación) que acerque al ciudadano y a los promotores con la administración y a estos entre sí. Los niveles que se pretende desarrollar son por tanto 3: 

1. Entre los propios órganos de la administración (a nivel estatal, autonómico y local) que se facilitarán información para una evaluación más completa y más eficaz (evitando así que se generen efectos sinérgicos de distintos proyectos autorizados por distintas administraciones). 
2. Entre la propia administración y personas físico jurídicas interesadas. Promotores y personas interesadas muchas veces no tienen claro qué órgano realiza un trámite correspondiente o qué informes de afección al medio ambiente resultan preceptivos en el desarrollo de proyectos y en su posterior evaluación ambiental. 
3. Entre la ciudadanía y administración. Durante las fases de información pública, presentar adecuadamente y en destino correcto alegaciones, informes, etc. es de vital importancia para que puedan ser tenidos en cuenta. Muchas veces el desconocimiento ante un trámite tan complejo hace que la ciudadanía no se anime a dar este paso. La experiencia de asociaciones puede animar a la ciudadanía a participar. 

Este espacio-foro se realizará de forma virtual, de una forma accesible y dejando constancia de las competencias que cada administración tiene para cada tipo de proyectos. De la misma forma, pretende focalizarse en los siguientes puntos para que tanto la propia administración (a sus distintos niveles) como la ciudadanía tenga claro cómo poder participar: 

1. Formación. Las continuas actualizaciones de la legislación sectorial de medio ambiente (incluso en las leyes que regulan este procedimiento) hace que los principales actores que toman parte en este procedimiento deban estar actualizados. De esta forma, todo será más ágil, evitando demoras y las consecuentes caducidades en el procedimiento.
2. Participación. Al aumentar la claridad del procedimiento, la ciudadanía podrá tener más claro cómo participar en el mismo.
3. Nexo de unión. Este espacio pretende igualmente ser un foro de participación. Muchas personas físicas/jurídicas podrán tomar decisiones de forma conjunta, relacionarse entre ellas en función de su afinidad (patrimonio, protección a la avifauna, etc.) y tomar parte en los procedimientos de evaluación de forma más clara y eficaz.
4. Protección más eficaz del medio ambiente. Al tener cabida toda la administración y personas físicas/jurídicas interesadas, los puntos de vista, así como cada uno de los proyectos que se desarrollan en distintos ámbitos puedan ser oídos y ser tenidos en cuenta de forma conjunta. Al aumentar la interdisciplinaridad y proyectos conjuntos, se definirán mejor los efectos adversos en el medio ambiente lo que se reflejará en una mayor protección del mismo.